Foto. FESBA.
La actual candidatura a la Presidencia de la Federación Española de Bádminton, constituida actualmente como Comisión Gestora y liderada por Andoni Azurmendi, está siendo objeto de graves denuncias que ponen en entredicho la transparencia, legitimidad e integridad del proceso electoral. Rodrigo Sanjurjo, presidente de la Federación Gallega de Bádminton y candidato a presidir la Federación Española, ha dirigido una carta al Secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y al Director General del Consejo Superior de Deportes (CSD), Fernando Molinero. En dicha misiva, Sanjurjo expone una serie de maniobras que, según él, amenazan la democracia interna y la sostenibilidad del organismo deportivo
Contrataciones estratégicas y favoritismo
Sanjurjo denuncia que varias personas han sido contratadas por la Federación en puestos clave para influir en el voto de los deportistas de alto nivel. Entre los nombres señalados se encuentran Beatriz Corrales, deportista del CARD y Salvador Franco, padre de uno de los actuales deportistas del CARD, quienes han sido incorporados recientemente como Staff Técnico de la Federación. A estas contrataciones se suma la de Lucía Galvín, incorporada al área deportiva como administrativa, cuando su posición anterior era la de responsable de formación y entrenadora de la Federación Madrileña, Federación que previamente por cierto ya manifestó su oposición contra el actual presidente Andoni Azurmendi.
Estas contrataciones, según Sanjurjo, no parecen tener justificación basada en méritos deportivos o necesidades organizativas, sino que estarían dirigidas a favorecer la candidatura de Andoni Azurmendi, generando una clara desigualdad en el proceso.
La preocupación se agrava al considerar el presunto estado de estrés financiero que atraviesa la Federación Española de Bádminton, descrita por Sanjurjo como precaria. Hay indicios de que la situación es tan insostenible que la Federación se ha visto obligada a cancelar su participación en la fase final del Mundial Femenino y del Mundial Junior por falta de recursos económicos. A esto se suma el hecho de que las auditorías correspondientes al año 2023 aún no se han publicado en el portal de transparencia, incumpliendo de esta forma la Ley del Deporte. Según Sanjurjo “Esta falta de información mina la posibilidad de que los electores puedan votar de manera informada y con pleno conocimiento de causa”.
Esta doble problemática —la gestión económica cuestionable y las presuntas contrataciones estratégicas— ha sido interpretada como un intento de manipular el proceso electoral a favor de la candidatura actual liderada por Andoni Azurmendi.
Uno de los aspectos más alarmantes de la denuncia es la gestión del voto por correo. Según Sanjurjo, numerosos electores no han recibido sus sobres o papeletas, mientras otros han recibido documentos con errores en sus datos personales. Sanjurjo sostiene que estos no son simples descuidos, sino vulneraciones deliberadas de los derechos de los votantes. Con una incidencia que afecta al 20% de las solicitudes, las irregularidades se concentran en aquellas comunidades autónomas que han mostrado descontento con la actual gestión de la Federación, lo que apunta a una posible manipulación intencionada del proceso.
Además, se han filtrado audios y documentos que evidencian la intervención indebida de empleados de la Federación en el proceso electoral. Un archivo PDF filtrado antes del envío oficial del voto por correo contenía papeletas con los candidatos afines a la candidatura de Andoni Azurmendi ya marcados digitalmente. Este documento, según Sanjurjo, tiene metadatos que indican que fue creado por un tal “Borja O”, lo que sugiere una posible implicación de Borja Oses, el Asesor Jurídico de la Federación y amigo, reforzando las acusaciones de parcialidad y manipulación.
Añade también Sanjurjo que la Federación Española de Bádminton ha enviado el voto de algunos representantes de clubes a otras personas, influidas por el entorno de Azurmendi, que no eran los representantes oficiales y no tenían derecho a votar en representación de dichas entidades. En un deporte como el Bádminton que 5 votos de clubes puedan ser manipulados para conseguir que sean nulos, sumado a las incidencias en el voto por correo, puede suponer inclinar la balanza hacia el candidato oficialista, lamenta el denunciante.
Otra de las acusaciones clave es la inclusión de empleados asalariados de la Federación en las como candidatos en las listas de la Asamblea General. Entre los mencionados están Arturo Ruiz, Ernesto García, Lucía Galvín y Salvador Franco, quienes, según la denuncia, no habrían ejercido como entrenadores de los deportistas a los que supuestamente representan. Sanjurjo también afirma que algunos de estos trabajadores se han estado ofreciendo a los deportistas para acompañarlos a votar o y a cubrir con posterioridad los gastos del voto por correo, generando una ventaja económica que no está disponible para el resto de los afiliados.
Esta situación, sumada a que algunos deportistas del Centro de Alto Rendimiento de Madrid han recibido su voto por correo de las manos del propio Andoni Azurmendi, y que otros han recibido sobres ya preparados y cerrados con las papeletas marcadas, constituye una grave coacción y manipulación del proceso electoral. Se han filtrado conversaciones en las que se menciona textualmente por parte de trabajadores de la Federación Española: “Lo hemos realizado así con todos los deportistas para evitar errores”. Esto, según Sanjurjo, vulnera gravemente el derecho a un voto libre y secreto y es motivo más que suficiente para que el CSD investigue lo que está sucediendo en la Federación.
Este uso de recursos de la Federación, junto con las irregularidades e incidencias en la entrega de sobres cerrados con las papeletas ya marcadas, constituye, según el denunciante, una grave coacción al derecho de voto libre y secreto de los deportistas y una clara infracción de la ley del deporte.
A las acusaciones de manipulación electoral se suma el abuso de poder en la gestión de recursos de la Federación. Sanjurjo señala que el Secretario General de la Federación, David Serrano, quien forma parte de la comisión gestora sin haber sido elegido por la Junta Directiva, y que también gestiona el correo electrónico de la Junta Electoral, ha solicitado formalmente en representación de la Federación Española, documentación económica de los últimos años exclusivamente a las federaciones autonómicas que han mostrado su apoyo a la candidatura de Sanjurjo, haciendo referencia además a supuestas conversaciones con el CSD. Esta solicitud de memorias económicas y justificantes de pago ha sido interpretada como una estrategia de presión sobre las federaciones disidentes que según SanJurjo constituye una forma de extorsión que dinamitan a los recursos humanos de las federaciones autonómicas.
La Federación y su actual presidente Andoni Azurmendi, también ha sido denunciados ante el Consejo Superior de Deportes por modificar de forma irregular reglamentos oficiales para favorecer a ciertos clubes, como en casos de ascensos a la máxima categoría, justo antes del proceso electoral. Además, la firma de acuerdos económicos que trascienden a la actual legislatura, por cantidades que superan los 490.000 euros con la Confederación Europea, sin la aprobación de la Asamblea General ni del Consejo Superior de Deportes, incumple claramente los estatutos de la Federación Española. Estas acciones no solo reflejan un desprecio por las normas, sino que también hipotecan el futuro del bádminton español, debilitando aún más la credibilidad del proceso electoral.
Ante la magnitud de las irregularidades expuestas, Sanjurjo ha solicitado la intervención urgente del CSD para investigar los hechos y garantizar un proceso electoral justo y paralizar esta situación. «Está en juego la legitimidad de este proceso electoral y los valores fundamentales de justicia, igualdad y respeto», afirmó en su carta.
Por el momento, el CSD no ha emitido una respuesta oficial a las denuncias, pero el caso pone de manifiesto las tensiones internas en la Federación Española de Bádminton y la necesidad de una supervisión rigurosa para asegurar la transparencia y la imparcialidad en la gestión del deporte.
El desenlace de estas elecciones determinará no solo el futuro de la Federación, sino también la confianza en los procesos democráticos dentro de las entidades deportivas.
